Uno de los argumentos más repetidos dentro del ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) es que DeFi opera en un vacío legal.
El razonamiento suele ser siempre el mismo.
Los protocolos son descentralizados.
Los participantes actúan de forma seudónima.
Las transacciones se ejecutan a través de múltiples jurisdicciones.
Los smart contracts funcionan automáticamente.
Por tanto, se afirma que el derecho tradicional ya no tiene un papel relevante.
Esta narrativa se ha vuelto tan habitual que muchas personas asumen que DeFi existe fuera del alcance de la ley.
La realidad es muy diferente.
El problema de DeFi no es la ausencia de derecho.
El problema es la ausencia de mecanismos eficaces de enforcement.
El derecho ya existe
Contrariamente a lo que suele afirmarse, las actividades DeFi no se desarrollan en un vacío legal.
El fraude sigue siendo fraude.
El robo sigue siendo robo.
El incumplimiento contractual sigue siendo incumplimiento contractual.
La manipulación de mercado, el abuso de información privilegiada, el blanqueo de capitales o el enriquecimiento injusto siguen existiendo independientemente de que la actividad financiera se realice a través de un banco tradicional o mediante un protocolo descentralizado.
Los principios jurídicos que regulan la propiedad, las obligaciones, la responsabilidad o la reparación del daño no desaparecen porque la actividad económica se traslade a una blockchain.
Como explicamos en De “Code Is Law” a “Law Is Code”, blockchain está generando nuevas formas de gobernanza digital, pero gobernanza no significa desaparición del derecho.
La verdadera pregunta no es si existen derechos.
La verdadera pregunta es si esos derechos pueden hacerse efectivos.
La confusión entre descentralización e inmunidad
Muchos participantes de DeFi asumen erróneamente que la descentralización genera inmunidad jurídica.
No es así.
Un protocolo descentralizado puede eliminar determinados intermediarios, pero no elimina las consecuencias jurídicas.
La historia reciente ofrece numerosos ejemplos.
El colapso de Terra-Luna, los conflictos de gobernanza en MakerDAO o las sanciones impuestas a Tornado Cash demuestran que los reguladores, los tribunales y las autoridades públicas siguen interviniendo cuando aparecen problemas jurídicos relevantes.
El sistema jurídico nunca ha dependido exclusivamente de intermediarios.
Depende de la capacidad de identificar derechos, obligaciones y remedios.
La dificultad es que los mecanismos tradicionales de ejecución fueron diseñados para un mundo compuesto por bancos, empresas y contrapartes identificables.
DeFi introduce desafíos de enforcement que los sistemas tradicionales no estaban preparados para afrontar.
El verdadero problema es el enforcement
Imaginemos que un usuario pierde sus activos como consecuencia de la explotación de una vulnerabilidad en un smart contract.
Imaginemos que la tesorería de una DAO es desviada ilícitamente.
Imaginemos que los tokens de gobernanza son manipulados para aprobar una propuesta perjudicial.
El análisis jurídico puede resultar relativamente sencillo.
La dificultad aparece cuando se intenta ejecutar esos derechos.
¿A quién demandar?
¿Dónde iniciar el procedimiento?
¿Qué legislación resulta aplicable?
¿Cómo ejecutar una resolución frente a wallets seudónimas distribuidas entre múltiples blockchains?
Estas no son preguntas sobre la existencia del derecho.
Son preguntas sobre el enforcement.
Y esta diferencia es fundamental.
Como explicamos en Arbitraje cripto: por qué los tribunales tradicionales no funcionan, muchas disputas blockchain no sufren por la falta de principios jurídicos, sino por la incapacidad de los sistemas tradicionales para proporcionar remedios rápidos y efectivos.
El código ejecuta transacciones, no justicia
Uno de los grandes logros de blockchain es la automatización de la ejecución.
Los smart contracts pueden transferir activos, distribuir rendimientos, ejecutar préstamos o liquidar operaciones sin intervención humana.
Sin embargo, ejecución no significa justicia.
Un smart contract puede ejecutar perfectamente una transacción injusta.
Puede ejecutar perfectamente una transacción fraudulenta.
Puede ejecutar perfectamente una transacción errónea.
El código determina lo que ocurre.
No determina lo que debería ocurrir.
Como defendemos en La tokenización de las finanzas necesita tribunales digitales, el crecimiento de la economía digital exige mecanismos capaces de resolver conflictos, interpretar hechos y producir decisiones jurídicamente ejecutables.
Estas funciones siguen siendo esencialmente jurídicas y no tecnológicas.
Las stablecoins revelan la realidad
Uno de los ejemplos más claros de este problema de enforcement puede encontrarse en las stablecoins.
Muchas personas creen que las transacciones blockchain son irreversibles.
Sin embargo, emisores como Tether o Circle congelan regularmente activos digitales cuando reciben órdenes judiciales, requerimientos de autoridades públicas o solicitudes derivadas de obligaciones de cumplimiento normativo.
La existencia de estos mecanismos demuestra una realidad fundamental.
Los activos digitales no están fuera del alcance del enforcement.
El verdadero desafío consiste en crear mecanismos previsibles, transparentes y legítimos de ejecución, en lugar de depender exclusivamente de intervenciones centralizadas.
Como analizamos en El caso Tether: congelar es poder ejecutar, la capacidad de congelar activos equivale, en última instancia, a la capacidad de ejecutar decisiones jurídicas.
El debate ya no consiste en determinar si existe enforcement.
El debate consiste en determinar quién lo controla y bajo qué marco jurídico.
DeFi necesita infraestructura jurídica
El futuro de DeFi no estará determinado únicamente por mejores protocolos.
Estará determinado por una mejor infraestructura jurídica.
Los inversores, las empresas y las instituciones necesitan seguridad.
Necesitan saber cómo se resolverán los conflictos.
Necesitan conocer qué reglas se aplican.
Y necesitan garantías de que sus derechos podrán protegerse cuando surjan controversias.
Por ello, la infraestructura jurídica se está convirtiendo en una de las fronteras más importantes del desarrollo blockchain.
La expansión de la gobernanza descentralizada, los activos tokenizados, los agentes de inteligencia artificial y el comercio digital transfronterizo está generando una demanda creciente de sistemas especializados de resolución de disputas.
El World Economic Forum ha señalado repetidamente que la confianza constituye uno de los elementos esenciales para la adopción de sistemas financieros digitales. Y la confianza no surge únicamente de la tecnología. Surge de instituciones creíbles y de normas ejecutables.
Del vacío legal a la infraestructura de enforcement
La siguiente etapa de evolución de DeFi probablemente no se centrará exclusivamente en la escalabilidad, la interoperabilidad o la velocidad de las transacciones.
Esos son desafíos técnicos.
El reto verdaderamente complejo es jurídico.
¿Cómo pueden ejecutarse derechos en sistemas descentralizados?
¿Cómo pueden resolverse conflictos de forma eficiente?
¿Cómo pueden impugnarse decisiones de gobernanza cuando resulte necesario?
¿Cómo pueden protegerse los activos digitales sin sacrificar las ventajas de la descentralización?
Estas son las preguntas que están definiendo el futuro de blockchain.
En BACS creemos que la respuesta pasa por combinar arbitraje, enforcement digital y gobernanza blockchain dentro de una misma infraestructura jurídica adaptada a la Jurisdicción de Internet.
El futuro de DeFi no dependerá de si existe derecho.
El derecho ya existe.
El futuro de DeFi dependerá de si somos capaces de construir mecanismos eficaces de enforcement para un mundo descentralizado.
Y eso no es un vacío legal.
Es un desafío de ejecución jurídica.
