El reciente debate en el Reino Unido sobre la regulación de las stablecoins trata de mucho más que de criptomonedas.
A primera vista, la discusión parece técnica. Los reguladores y responsables políticos debaten sobre reservas, estabilidad financiera, protección del consumidor, supervisión prudencial y el papel que las stablecoins pueden desempeñar dentro del sistema financiero británico.
Sin embargo, detrás de estas cuestiones regulatorias existe una pregunta mucho más profunda e importante.
¿Quién controlará la infraestructura monetaria de la economía digital?
La respuesta está comenzando a dividir al mundo en modelos enfrentados de dinero digital. Estados Unidos, la Unión Europea y la emergente Jurisdicción de Internet están avanzando en direcciones diferentes. El Reino Unido se encuentra ahora en una posición intermedia entre estas visiones contrapuestas.
La estrategia estadounidense: exportar el dólar a través de las stablecoins
Estados Unidos ha comprendido progresivamente que las stablecoins pueden fortalecer, y no debilitar, la posición global del dólar.
Durante años, muchos analistas sostuvieron que las criptomonedas suponían una amenaza para la soberanía monetaria. Sin embargo, stablecoins respaldadas por dólares como USDT o USDC han producido precisamente el efecto contrario. Cada nueva stablecoin emitida aumenta la demanda de activos denominados en dólares, especialmente bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.
Las stablecoins se están convirtiendo en una extensión del sistema monetario internacional basado en el dólar.
Esto explica por qué los responsables políticos estadounidenses han tendido a favorecer la integración de las stablecoins en el sistema financiero en lugar de prohibirlas. La lógica estratégica es sencilla: si empresas, consumidores y, cada vez más, agentes de inteligencia artificial utilizan stablecoins respaldadas por dólares para realizar pagos y liquidaciones, la demanda global de dólares aumenta automáticamente.
Las stablecoins funcionan, por tanto, como algo más que instrumentos de pago. Son una herramienta de expansión de la influencia monetaria estadounidense.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con el crecimiento de lo que BACS denomina la Jurisdicción de Internet, donde los activos digitales operan cada vez más al margen de las fronteras tradicionales. Como explicamos en Siete billones de dólares y la Jurisdicción de Internet, las redes blockchain están creando nuevas formas de actividad económica que no pueden entenderse únicamente desde la perspectiva de la regulación financiera tradicional.
La estrategia europea: preservar el control monetario
Europa ha abordado esta cuestión desde una perspectiva completamente distinta.
En lugar de considerar las stablecoins como una oportunidad para ampliar la influencia internacional del euro, las instituciones europeas las han percibido principalmente como una amenaza potencial para la soberanía monetaria.
La preocupación es comprensible. Si los ciudadanos europeos comienzan a utilizar masivamente stablecoins denominadas en dólares, la relevancia del euro dentro de la economía digital podría disminuir progresivamente. Esta preocupación explica tanto la aprobación del Reglamento MiCA como el desarrollo continuo del euro digital por parte del Banco Central Europeo.
El objetivo no es únicamente innovar.
El objetivo es mantener el control.
Como sostuvimos en Europa está cometiendo un error estratégico con las stablecoins, una regulación excesivamente restrictiva puede acabar debilitando la competitividad europea mientras fortalece la expansión global de los dólares digitales.
El debate, por tanto, trasciende la tecnología.
Se trata, en esencia, de una cuestión de poder monetario.
El Reino Unido entre dos modelos
Las recientes discusiones británicas sobre las stablecoins demuestran que el Reino Unido comprende la importancia de esta transformación.
Londres reconoce que los sistemas de pago basados en blockchain están evolucionando rápidamente y que los activos digitales forman ya parte de la infraestructura financiera global.
Sin embargo, el Reino Unido todavía no se ha alineado completamente con ninguno de los dos modelos.
Por un lado, desea mantener su posición como centro financiero internacional y fomentar la innovación tecnológica.
Por otro, sigue preocupado por la estabilidad financiera y la supervisión regulatoria.
Como consecuencia, parece estar buscando una posición intermedia entre la competitividad monetaria y el control institucional.
Pero este equilibrio puede estar dejando de lado la cuestión más importante.
La verdadera cuestión no es la regulación
La mayoría de los debates sobre stablecoins se centran en cómo deben regularse.
Sin embargo, existe una pregunta mucho más fundamental.
¿Quién tendrá la capacidad de ejecutar el dinero digital?
Esta cuestión es cada vez más relevante porque las stablecoins ya no son instrumentos financieros pasivos.
Pueden congelarse.
Pueden bloquear direcciones.
Pueden restringir transacciones.
Pueden ejecutar sanciones o cumplir órdenes judiciales.
Como mostramos en El caso Tether: congelar es poder ejecutar, la capacidad de congelar activos digitales constituye una forma de poder jurídico. En la práctica, los emisores de stablecoins ya están ejerciendo facultades que tradicionalmente pertenecían a tribunales, reguladores o autoridades públicas.
Esto significa que el debate ya no trata únicamente sobre dinero.
Trata sobre ejecución.
Del dinero a la gobernanza digital
La evolución de las stablecoins revela una transformación más amplia de la economía digital.
Los primeros defensores de blockchain sostenían que el código sustituiría a las instituciones jurídicas. La realidad ha demostrado ser mucho más compleja.
Los conflictos siguen existiendo.
El fraude sigue existiendo.
Los activos continúan siendo sustraídos.
Los usuarios siguen cometiendo errores.
Uno de los ejemplos más frecuentes son las transferencias enviadas a direcciones o redes equivocadas. Como explicamos en ¿Has enviado criptomonedas a la red equivocada? Puede que aún tengas una vía legal para recuperarlas, la innovación tecnológica no elimina los problemas jurídicos; simplemente los transforma.
Esta evolución refleja precisamente lo que analizamos en De “Code is Law” a “Law is Code”. Las redes blockchain están evolucionando desde sistemas puramente técnicos hacia auténticos sistemas de gobernanza que requieren una infraestructura jurídica propia.
La capa que falta: justicia digital
Tanto si el futuro pertenece a las stablecoins como a las CBDC, o a una combinación de ambas, todo sistema monetario necesita mecanismos de resolución de conflictos y ejecución efectiva.
La economía digital no es una excepción.
A medida que la tokenización avance y los activos financieros se trasladen a blockchain, la seguridad jurídica será tan importante como la eficiencia tecnológica. Por ello, La tokenización de las finanzas necesita tribunales digitales puede convertirse en una de las cuestiones jurídicas más importantes de la próxima década.
Del mismo modo, los litigios tradicionales presentan enormes dificultades para resolver controversias blockchain internacionales. Esta realidad explica la creciente relevancia de mecanismos especializados como los analizados en Arbitraje cripto: por qué los tribunales tradicionales no funcionan.
La economía digital necesita algo más que dinero digital.
Necesita justicia digital.
Conclusión
El debate británico sobre las stablecoins revela una lucha mucho más profunda.
Estados Unidos contempla las stablecoins como una herramienta para expandir la demanda global de dólares y deuda pública estadounidense.
Europa contempla el dinero digital como una cuestión de soberanía monetaria y control estatal.
Las redes blockchain están construyendo una tercera alternativa basada en una infraestructura digital transnacional.
El debate del futuro no será si el dinero digital existe o no.
Esa cuestión ya ha sido resuelta.
La verdadera cuestión será quién lo gobierna.
Y, en última instancia, quién tendrá la capacidad de ejecutar las reglas que regirán la economía digital.
Porque el futuro del poder monetario no dependerá únicamente de la tecnología.
Dependerá de la relación entre dinero, gobernanza, ejecución y derecho.
