El 30 de septiembre termina el plazo para responder a la consulta de la Comisión Europea sobre la revisión del Reglamento MiCA — el cuestionario de 86 preguntas con el que Bruselas está sondeando qué funciona, qué no y qué debe cambiar en la primera gran norma europea de criptoactivos. BACS presentó su respuesta completa este verano. Este artículo resume, en lenguaje llano, qué hemos dicho y por qué.
La idea que atraviesa toda nuestra respuesta
MiCA ha resuelto una parte del problema: la protección prudencial. Hoy sabemos quién puede emitir un criptoactivo o prestar servicios sobre él, con qué capital, con qué información al cliente y bajo qué supervisor. Eso es valioso y BACS lo ha defendido.
Lo que MiCA no ha resuelto es la otra mitad: la eficacia jurídica. Cuando algo va mal entre particulares — un custodio que quiebra, un activo robado, un contrato que se disputa entre partes de tres países — el Reglamento guarda silencio, y la respuesta queda en manos de veintisiete derechos nacionales que no fueron pensados para este objeto. Un mercado puede estar perfectamente supervisado y seguir siendo jurídicamente frágil. Esa distinción — protección prudencial no es lo mismo que eficacia jurídica — es el hilo conductor de las 86 respuestas que hemos presentado. La desarrollamos con detalle en nuestro artículo sobre los huecos de derecho privado de MiCA.
Qué hemos propuesto, en cinco puntos
1. Reservas de las stablecoins: más deuda soberana europea a corto plazo. Hemos propuesto recalibrar los requisitos de reserva de los tokens de dinero electrónico hacia instrumentos de deuda soberana de la UE de corta duración. Refuerza la estabilidad del token, profundiza el mercado europeo de deuda y evita que las reservas de las stablecoins en euros acaben financiando otros mercados.
2. Remuneración condicionada para los tenedores. La prohibición general de remunerar a los tenedores de stablecoins merece revisión: hemos defendido permitir una remuneración equivalente al interés bajo condiciones estrictas. Si las reservas generan rendimiento, un marco regulado para compartirlo con el tenedor es más sano que empujar esa demanda hacia productos opacos o hacia fuera de la Unión.
3. Una regla de ley aplicable anclada en la autonomía de la voluntad. Para las cuestiones patrimoniales sobre criptoactivos, hemos propuesto una norma de conflicto que respete la elección de ley de las partes. Es el criterio que mejor funciona en un objeto que desafía toda localización física, y el que da a los operadores lo que más necesitan: previsibilidad.
4. Reconocimiento expreso del arbitraje compatible con blockchain y de los “oráculos legales”. Las disputas sobre activos que se mueven en minutos no pueden depender solo de procedimientos que duran años. Hemos pedido que el Derecho de la Unión reconozca expresamente los mecanismos de arbitraje adaptados al entorno digital y los oráculos legales — el puente que traduce una decisión jurídica (un laudo, una medida cautelar) en un efecto verificable sobre la propia infraestructura. Con una salvaguarda que para BACS es innegociable: el arbitraje nunca puede excluir el acceso del consumidor a los tribunales; hablamos de añadir vías, no de cerrarlas.
5. Un anexo legislativo articulado. No nos hemos limitado a señalar problemas: hemos acompañado la respuesta con una propuesta de Reglamento europeo de Infraestructura Jurídica Digital — veinte artículos que abordan el reconocimiento patrimonial de los activos digitales, las reglas de transmisión, la protección del cliente en la insolvencia del custodio y la integración de los mecanismos de resolución y ejecución. Es un punto de partida para el debate, redactado en forma de norma porque los debates avanzan más rápido cuando hay un texto sobre la mesa.
Por qué respondemos
BACS es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la infraestructura jurídica de la economía digital. Creemos que Europa tiene la oportunidad de completar MiCA con la capa que le falta — la del derecho privado y la eficacia — y que esa capa determinará si el mercado europeo de criptoactivos compite con seguridad jurídica real o solo con supervisión.
Quien quiera profundizar puede leer el análisis de los cinco huecos de derecho privado. El texto completo de la respuesta de BACS está disponible para instituciones, académicos y profesionales interesados.
La consulta sigue abierta hasta el 30 de septiembre. Si tu organización trabaja con criptoactivos y aún no ha participado, todavía está a tiempo: cada respuesta cuenta para que la revisión refleje la realidad del mercado.
BACS es una asociación inscrita en el Registro de Transparencia de la UE (REG 9106897105368-14). BACS opera una Corte de Arbitraje especializada en activos digitales y tiene, por tanto, un interés institucional directo en el reconocimiento de los mecanismos de resolución de disputas que su respuesta propone.
