International Tax Advisory · Blockchain Arbitration & Commerce Society (BACS)
Para muchos inversores en criptomonedas, la primera pregunta suele ser:
«¿Cuántos impuestos tengo que pagar?»
Es una pregunta comprensible, pero con frecuencia no es la más adecuada.
En una economía digital cada vez más global, la verdadera cuestión no es únicamente el tipo impositivo aplicable, sino si sus activos, inversiones y actividades empresariales están estructurados en la jurisdicción más adecuada y bajo el marco jurídico más conveniente.
Una estructura mal planificada puede dar lugar a una tributación innecesaria, situaciones de doble imposición, riesgos de incumplimiento normativo o nuevas obligaciones de información. Por el contrario, una planificación fiscal internacional realizada antes de llevar a cabo operaciones relevantes puede ayudar a gestionar las inversiones de forma más eficiente y siempre dentro del cumplimiento de la legislación aplicable.
Los activos digitales han transformado la fiscalidad internacional
Los sistemas tributarios tradicionales fueron diseñados para empresas con oficinas, empleados y activos físicos situados en un territorio concreto.
Los activos digitales no encajan fácilmente en ese modelo.
Hoy, un inversor en criptomonedas puede:
- residir en un país;
- ser titular de una sociedad en otro;
- operar a través de un exchange regulado en una tercera jurisdicción;
- custodiar sus activos mediante una wallet de autocustodia;
- obtener rendimientos mediante staking en protocolos descentralizados;
- e invertir en activos tokenizados emitidos desde cualquier parte del mundo.
Esta realidad internacional plantea importantes cuestiones jurídicas y fiscales que no siempre pueden resolverse únicamente aplicando la normativa tributaria de un solo país.
No existe una solución universal
En Internet es habitual encontrar artículos que presentan determinadas jurisdicciones como auténticos «paraísos fiscales para las criptomonedas».
Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja.
La estructura más adecuada depende de numerosos factores, entre ellos:
- la residencia fiscal;
- la nacionalidad;
- el origen de los ingresos;
- el tipo de activos digitales;
- la estrategia de inversión;
- la situación familiar;
- la existencia de sociedades o actividades empresariales;
- la planificación sucesoria;
- los convenios para evitar la doble imposición;
- y las obligaciones internacionales de información, como el CARF de la OCDE o la Directiva DAC8 de la Unión Europea.
Una estrategia adecuada para un inversor puede resultar completamente inapropiada para otro.
La planificación debe realizarse antes de tomar decisiones importantes
Uno de los errores más frecuentes consiste en solicitar asesoramiento cuando el hecho imponible ya se ha producido.
Por ejemplo:
- vender una posición importante en Bitcoin;
- trasladar la residencia a otro país;
- constituir una sociedad en el extranjero;
- lanzar un proyecto blockchain;
- mover un patrimonio digital significativo entre distintas jurisdicciones;
- reorganizar una estructura patrimonial o familiar.
Cuando estas decisiones ya se han ejecutado, las posibilidades de planificación suelen ser mucho más limitadas.
La planificación fiscal internacional significa seguridad jurídica
La planificación fiscal internacional no consiste en ocultar activos ni en eludir las obligaciones tributarias.
Consiste en comprender las consecuencias jurídicas y fiscales de las inversiones internacionales y estructurarlas correctamente desde el principio.
Una planificación adecuada puede ayudar a:
- reducir ineficiencias fiscales innecesarias;
- evitar situaciones de doble imposición cuando resulte posible;
- aumentar la seguridad jurídica;
- facilitar la expansión internacional de empresas;
- mejorar la planificación patrimonial y sucesoria;
- y garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones internacionales de información.
Cómo puede ayudar BACS
A través de su red internacional de colaboradores, Blockchain Arbitration & Commerce Society (BACS) coordina análisis jurídicos y fiscales internacionales dirigidos a inversores, empresarios, family offices y empresas del sector de los activos digitales.
Cada análisis se adapta a las circunstancias particulares del cliente y puede realizarse en colaboración con profesionales cualificados de las jurisdicciones implicadas.
Más que ofrecer soluciones estandarizadas, nuestro objetivo es proporcionar una evaluación jurídica y fiscal integral que permita tomar decisiones con mayor seguridad antes de realizar operaciones de especial relevancia.
Conclusión
A medida que los activos digitales adquieren una dimensión verdaderamente global, la fiscalidad deja de ser una cuestión exclusivamente nacional.
La jurisdicción desde la que reside, invierte o desarrolla su actividad puede tener importantes consecuencias jurídicas, fiscales y patrimoniales.
Obtener asesoramiento especializado antes de adoptar decisiones estratégicas suele ser una de las mejores inversiones que puede realizar.
Solicite un análisis de fiscalidad internacional
Si está considerando trasladar su residencia fiscal, reorganizar su patrimonio, lanzar un proyecto blockchain o gestionar una cartera significativa de activos digitales, BACS puede coordinar un análisis jurídico y fiscal internacional adaptado a sus necesidades y objetivos.
Porque una buena planificación fiscal comienza mucho antes de que nazca la obligación de pagar impuestos.