La tokenización ha dejado de ser una idea experimental. Bancos, fondos de inversión, promotoras inmobiliarias, empresas tecnológicas e incluso administraciones públicas están explorando cómo utilizar blockchain para representar activos, automatizar transacciones y crear mercados más eficientes.

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, muchos proyectos siguen olvidando el elemento más importante para su éxito: la arquitectura jurídica.

Con demasiada frecuencia, los promotores comienzan preguntándose:

¿Qué blockchain debemos utilizar?

Cuando la primera pregunta debería ser otra:

¿Qué derechos jurídicos va a representar este token y bajo qué sistema legal estarán protegidos y podrán hacerse cumplir?

En BACS observamos continuamente los mismos errores jurídicos en proyectos de tokenización de diferentes países. La mayoría son perfectamente evitables, pero ignorarlos puede provocar problemas regulatorios, conflictos entre inversores, ineficiencias fiscales o incluso el fracaso completo del proyecto.

Estos son los siete errores más habituales.

1. Elegir la blockchain antes que la jurisdicción

Uno de los errores más comunes consiste en dedicar meses a comparar Ethereum, Solana, Base u otras redes blockchain antes de decidir dónde se constituirá la empresa emisora del token.

El orden debería ser exactamente el contrario.

La jurisdicción determina cuestiones esenciales como:

• la legislación aplicable;
• la estructura societaria;
• la fiscalidad;
• las obligaciones regulatorias;
• la protección de los inversores;
• la eficacia jurídica de los derechos incorporados al token.

Solo una vez definida la arquitectura legal tiene sentido elegir la infraestructura tecnológica.

Como ya explicamos en nuestro artículo Cómo elegir la jurisdicción adecuada para tokenizar, probablemente ésta sea la decisión más importante de todo el proyecto.

2. Pensar que todo token es un utility token

Muchos proyectos creen que basta con llamar “utility token” a un activo digital para evitar la regulación financiera.

Nada más lejos de la realidad.

Los reguladores no analizan el nombre del token.

Analizan los derechos económicos y jurídicos que incorpora.

Si un token concede, por ejemplo:

• derechos de propiedad;
• participación en beneficios;
• dividendos;
• derechos políticos;
• expectativa de rentabilidad;
• devolución de la inversión;

es posible que jurídicamente sea considerado un valor negociable o un instrumento financiero, con independencia del nombre que reciba.

Esta calificación puede implicar obligaciones regulatorias, autorizaciones administrativas, requisitos de información o limitaciones para su comercialización.

Tanto el Reglamento MiCA como autoridades como la SEC estadounidense o la FINMA suiza analizan siempre la realidad económica del activo y no la denominación elegida por el proyecto.

3. Ignorar la regulación financiera

Muchos proyectos nacen como iniciativas puramente tecnológicas y solo después se preguntan si necesitan cumplir alguna regulación financiera.

En ese momento, muchas veces ya es demasiado tarde.

Dependiendo de cómo se estructure la emisión, puede ser necesario cumplir con:

• autorizaciones como CASP;
• normativa sobre valores negociables;
• obligaciones de folleto;
• procedimientos AML/KYC;
• requisitos de custodia;
• licencias para prestar servicios financieros.

Cumplir la regulación no debe verse como un obstáculo.

Al contrario, constituye una garantía para los inversores y aporta credibilidad al proyecto desde el primer momento.

4. Dejar la fiscalidad para el final

La fiscalidad continúa siendo uno de los aspectos más olvidados en la mayoría de los proyectos de tokenización.

Con frecuencia toda la atención se centra en la tecnología, la financiación o el desarrollo del protocolo, mientras que las cuestiones fiscales se analizan una vez emitidos los tokens.

En muchas ocasiones, entonces ya resulta muy costoso modificar la estructura.

Antes de lanzar cualquier proyecto conviene responder, entre otras, a estas preguntas:

• ¿Desde qué jurisdicción se emitirá el token?
• ¿Dónde tributarán los beneficios?
• ¿Cómo se gravarán las transmisiones?
• ¿Qué tratamiento tendrá el staking?
• ¿Cómo tributarán los dividendos tokenizados?
• ¿Existe IVA?
• ¿Pueden generarse retenciones internacionales?

Una buena planificación fiscal internacional debe formar parte del diseño inicial del proyecto y no convertirse en un problema posterior.

5. No diseñar una gobernanza jurídica

Un smart contract automatiza la ejecución.

Pero no sustituye a la gobernanza.

Todo proyecto serio debería definir previamente:

• cómo se toman las decisiones;
• quién puede modificar el protocolo;
• cómo se gestionan los fondos;
• qué ocurre ante situaciones de emergencia;
• cómo se resuelven los conflictos;
• quién tiene determinadas facultades de administración.

La ausencia de reglas claras suele convertirse en uno de los principales problemas cuando el proyecto comienza a crecer.

Una buena gobernanza genera confianza tanto para inversores como para reguladores.

6. No prever la resolución de conflictos ni la ejecución jurídica

La mayoría de los proyectos dedican enormes esfuerzos a diseñar cómo funcionarán las operaciones.

Muy pocos diseñan qué ocurrirá cuando aparezca un conflicto.

Sin embargo, cualquier proyecto acabará enfrentándose a cuestiones como:

• ¿Quién decide si un contrato se ha cumplido?
• ¿Qué ocurre ante una transferencia fraudulenta?
• ¿Puede congelarse un token?
• ¿Puede recuperarse un activo digital?
• ¿Cómo se resuelven disputas internacionales?

Los tribunales tradicionales suelen resultar demasiado lentos y costosos para activos digitales que operan de forma global.

Por ello, cada vez cobra más importancia incorporar mecanismos de arbitraje, prueba digital y Digital Enforcement, capaces de conectar las decisiones jurídicas con la ejecución sobre blockchain.

La infraestructura jurídica debe diseñarse antes de que aparezca el conflicto.

7. Creer que la tokenización es un proyecto tecnológico

Éste probablemente sea el mayor error de todos.

La tokenización no consiste únicamente en utilizar blockchain.

Blockchain es simplemente la infraestructura.

Lo verdaderamente importante son los derechos jurídicos que representa el token.

Un token puede representar:

• propiedad;
• deuda;
• derechos contractuales;
• derechos políticos;
• derechos económicos;
• derechos de cobro.

La tecnología registra esos derechos.

Pero es el Derecho quien los crea, los protege y les otorga eficacia.

Sin seguridad jurídica, la tokenización no deja de ser una base de datos distribuida.

Con una arquitectura jurídica adecuada, en cambio, puede transformar la forma en que los activos se crean, transmiten, financian y ejecutan a nivel internacional.

Conclusión

Los proyectos de tokenización exitosos no se construyen únicamente con desarrolladores.

Necesitan juristas, especialistas en regulación, expertos fiscales, profesionales de gobernanza y arquitectos tecnológicos trabajando conjuntamente desde el inicio.

Los proyectos que incorporan una arquitectura jurídica sólida desde su diseño son más atractivos para los inversores, se internacionalizan con mayor facilidad y afrontan mejor la evolución regulatoria.

En Blockchain Arbitration & Commerce Society (BACS) creemos que la próxima generación de proyectos blockchain no estará definida únicamente por mejores protocolos o mejores contratos inteligentes, sino por una mejor infraestructura jurídica.

Porque en la economía digital, la arquitectura jurídica será tan importante como la arquitectura tecnológica.