La gobernanza es la base de toda economía
Toda economía necesita reglas para funcionar.
Las empresas cuentan con consejos de administración, estatutos y tribunales capaces de resolver conflictos cuando surgen desacuerdos. Los Estados disponen de parlamentos, jueces y administraciones que crean, interpretan y hacen cumplir el Derecho. Incluso los mercados financieros dependen de normas que permitan garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los participantes.
La economía descentralizada no es una excepción.
Las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) administran actualmente miles de millones de dólares en protocolos DeFi, tesorerías comunitarias, activos tokenizados y proyectos blockchain. Sin embargo, a medida que estas organizaciones adquieren mayor relevancia económica, también aumenta una cuestión que hasta ahora ha recibido menos atención que la tecnología: ¿cómo deben gobernarse jurídicamente las DAO?
Con frecuencia, el debate sobre la gobernanza de las DAO se centra en aspectos técnicos como los mecanismos de votación, los tokens de gobernanza o la gestión de la tesorería. Sin embargo, la verdadera cuestión jurídica es mucho más profunda.
No basta con decidir quién vota o cómo se aprueban las propuestas. Toda organización necesita también mecanismos para resolver conflictos, proteger derechos y garantizar que las decisiones adoptadas puedan cumplirse de forma efectiva.
En otras palabras, la gobernanza no consiste únicamente en decidir. También consiste en poder ejecutar esas decisiones.
Y precisamente ahí es donde las DAO encuentran hoy su principal limitación.
¿Qué es una DAO?
Una Organización Autónoma Descentralizada (DAO) es una organización cuya estructura de funcionamiento se basa principalmente en contratos inteligentes (smart contracts) desplegados sobre una blockchain.
A diferencia de las sociedades mercantiles tradicionales, las DAO carecen, por regla general, de un órgano central de administración. Las decisiones son adoptadas colectivamente por los titulares de los tokens de gobernanza mediante sistemas de votación registrados en la propia blockchain.
Las reglas de funcionamiento dejan de encontrarse únicamente en unos estatutos escritos y pasan a incorporarse directamente al código informático.
Así, aspectos como el derecho de voto, los quórums necesarios para aprobar propuestas, la distribución de fondos o las modificaciones del protocolo pueden ejecutarse automáticamente mediante smart contracts, sin necesidad de intervención humana.
Este modelo ha permitido crear organizaciones globales en las que miles de personas participan desde distintos países sin depender de una estructura societaria tradicional.
Actualmente existen DAO que administran protocolos DeFi, plataformas NFT, proyectos de infraestructura blockchain, fondos de inversión descentralizados e incluso iniciativas de investigación científica.
La DAO representa, por tanto, una nueva forma de organizar la actividad económica en Internet.
La gobernanza va mucho más allá de votar
Con frecuencia se presenta la gobernanza de las DAO como un simple sistema de votaciones.
Sin embargo, gobernar significa mucho más que contar votos.
Toda organización necesita responder, al menos, a cinco preguntas fundamentales:
- ¿Quién puede adoptar decisiones?
- ¿Qué normas regulan esas decisiones?
- ¿Cómo se resuelven los conflictos?
- ¿Quién interpreta las reglas cuando existen dudas?
- ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las decisiones adoptadas?
En el mundo tradicional estas funciones corresponden al Derecho.
Las leyes establecen las reglas.
Los jueces interpretan esas reglas.
Los tribunales resuelven los conflictos.
Y el Estado garantiza la ejecución de las resoluciones judiciales.
Las DAO han conseguido sustituir parte de este sistema mediante código.
Los smart contracts permiten automatizar multitud de decisiones que antes requerían intervención humana.
Sin embargo, automatizar no significa sustituir completamente al Derecho.
El código funciona extraordinariamente bien cuando todo puede expresarse mediante condiciones objetivas.
Por ejemplo:
- transferir tokens;
- liberar una garantía;
- distribuir recompensas;
- bloquear determinados activos;
- ejecutar automáticamente una votación.
Pero la realidad jurídica es mucho más compleja.
Existen situaciones que ningún algoritmo puede resolver por sí solo.