Durante años, una de las ideas más repetidas dentro del ecosistema blockchain fue que los activos digitales acabarían escapando al control de los sistemas jurídicos tradicionales.
Bitcoin fue diseñado para resistir la censura.
Las transacciones son irreversibles.
Las claves privadas determinan el control de los fondos.
No existe una autoridad central capaz de congelar activos o revertir operaciones.
Como consecuencia, muchos concluyeron que conceptos como el embargo, la ejecución judicial o la recuperación de activos tendrían cada vez menos relevancia dentro de la economía digital.
La realidad está demostrando exactamente lo contrario.
Los desafíos jurídicos más importantes de los activos digitales ya no giran en torno a la emisión de tokens o la innovación tecnológica.
Giran en torno a la ejecución.
Y ningún ámbito refleja mejor esta transformación que el creciente papel de las stablecoins.
Las stablecoins son mucho más que dólares digitales
La mayoría de los análisis describen las stablecoins como simples representaciones digitales de monedas fiduciarias.
Esa definición resulta insuficiente.
Tal y como se explica en Bitcoin Digital Law, las stablecoins pueden entenderse como una forma de dinero digital gobernado simultáneamente por dos sistemas jurídicos.
Por un lado, el marco regulatorio tradicional aplicable al emisor.
Por otro, las normas digitales incorporadas en la propia infraestructura blockchain.
Las stablecoins operan así dentro de lo que puede denominarse la jurisdicción de Internet: un entorno transnacional donde las relaciones económicas son cada vez más reguladas mediante código, protocolos y reglas digitalmente ejecutables.
Esta perspectiva permite comprender por qué las stablecoins constituyen una de las innovaciones jurídicas más relevantes de la economía digital.
No son únicamente instrumentos de pago.
Son infraestructuras jurídicas digitales capaces de incorporar mecanismos de cumplimiento, control y ejecución dentro del propio activo.
Para una explicación más amplia sobre blockchain como nuevo sistema jurídico aquí.
Por qué las stablecoins son estratégicas para los Estados
La importancia de las stablecoins va mucho más allá de los pagos.
Los Estados han comenzado a comprender que representan una nueva capa de infraestructura monetaria global.
Especialmente Estados Unidos.
Las stablecoins respaldadas por dólares permiten extender la presencia del dólar dentro de la jurisdicción de Internet.
Cada nueva stablecoin respaldada por bonos del Tesoro estadounidense genera demanda adicional de deuda pública norteamericana.
Cada operación realizada con stablecoins refuerza la posición internacional del dólar dentro de la economía digital.
Por este motivo, el debate regulatorio en Estados Unidos no se está centrando en prohibir las stablecoins, sino en integrarlas dentro de la arquitectura financiera existente.
La cuestión ya no es si existirán.
La cuestión es cómo serán supervisadas y utilizadas.
Como hemos señalado en otros artículos de BACS, el sistema financiero tradicional no está desapareciendo frente a las criptomonedas.
Está fusionándose con ellas. Igualmente la inversión prevista en la jurisdicción de internet por parte de Estados Unidos puede ser astronómica como se señala en este artículo.
Referencia externa de interés.
El regreso de la ejecución
Históricamente, uno de los mayores problemas del derecho ha sido la ejecución.
Obtener una sentencia favorable suele ser mucho más sencillo que cobrar efectivamente una deuda.
Conseguir un laudo arbitral no garantiza necesariamente la recuperación de los activos.
Un derecho sin ejecución efectiva termina convirtiéndose en una declaración teórica.
Los activos digitales han amplificado tradicionalmente este problema.
Incluso cuando la titularidad podía acreditarse, la recuperación dependía de localizar al titular, identificar bienes en múltiples jurisdicciones y coordinar actuaciones entre distintos intermediarios.
Las stablecoins están modificando este escenario.
A diferencia de Bitcoin, muchas stablecoins incorporan funciones administrativas que permiten congelar determinadas direcciones o restringir el movimiento de fondos en circunstancias específicas.
Estas capacidades surgieron inicialmente como herramientas de cumplimiento normativo.
Sin embargo, han terminado convirtiéndose en algo mucho más relevante.
Representan el primer gran ejemplo de ejecución digital operando directamente dentro de sistemas financieros basados en blockchain.
Por primera vez, una actuación jurídica puede afectar directamente al propio activo sin depender exclusivamente de intermediarios financieros tradicionales.
El problema de la ejecución privada
Sin embargo, esta evolución genera una nueva cuestión.
Si una stablecoin puede ser congelada, ¿quién debe decidir cuándo procede esa congelación?
Actualmente, gran parte de estas facultades se encuentran concentradas en entidades privadas.
Los emisores pueden responder a órdenes judiciales, solicitudes regulatorias, programas de sanciones o incidentes de seguridad.
Aunque esto puede resultar operativo, plantea interrogantes fundamentales desde la perspectiva de la seguridad jurídica.
¿Debe una empresa privada resolver disputas sobre la titularidad de activos digitales?
¿Deben las decisiones de embargo depender de criterios discrecionales?
¿Cómo deben resolverse los conflictos entre órdenes procedentes de distintas jurisdicciones?
Estas preguntas demuestran que el futuro de los activos digitales no dependerá únicamente de la tecnología.
Dependerá de la infraestructura jurídica que gobierne su ejecución.
El desafío ya no consiste en determinar si los activos digitales pueden ser controlados.
El desafío consiste en garantizar que ese control se ejerza de forma legítima, transparente y previsible.
La necesidad de oráculos jurídicos
Es aquí donde aparece una de las principales innovaciones jurídicas que necesita la economía digital.
Las blockchains ya utilizan oráculos para introducir información externa dentro de los smart contracts.
Precios de mercado.
Datos meteorológicos.
Información financiera.
Todos ellos pueden desencadenar acciones automáticas sobre una blockchain.
El mismo principio puede aplicarse a las decisiones jurídicas.
Los oráculos jurídicos permiten verificar e introducir en la blockchain resoluciones judiciales, laudos arbitrales u otras decisiones legalmente válidas.
En lugar de depender exclusivamente de la discrecionalidad de un emisor, la ejecución puede vincularse a procedimientos jurídicos verificables.
El objetivo no es eliminar la intervención humana.
El objetivo es garantizar que los embargos y medidas de ejecución respondan a decisiones transparentes, identificables y sometidas a garantías jurídicas.
A medida que las stablecoins se conviertan en una parte esencial de la infraestructura financiera global, este tipo de mecanismos resultarán cada vez más necesarios.
Para profundizar en esta cuestión puede leer este artículo.
El futuro de la justicia digital
La evolución de las stablecoins demuestra que blockchain no está eliminando el derecho.
Lo está obligando a evolucionar.
A medida que los activos digitales adquieren mayor valor económico, los sistemas jurídicos necesitan desarrollar mecanismos capaces de operar dentro de los entornos donde esos activos existen.
El futuro de la justicia digital no dependerá únicamente de nuevas regulaciones o mejores contratos inteligentes.
Dependerá de la capacidad para conectar decisiones jurídicas con mecanismos de ejecución digital.
Las stablecoins se han convertido en el primer gran laboratorio donde esta transformación ya está teniendo lugar.
La cuestión ya no es si los activos digitales pueden ser embargados.
La verdadera cuestión es quién decide ese embargo, bajo qué autoridad jurídica y mediante qué mecanismos se ejecutará.
Ese debate probablemente definirá una parte importante de la evolución futura de la jurisdicción de Internet.
