La presión sindical influye en la legislación.
El pasado 16 de octubre, Greg Vitali, representante demócrata y presidente de la Comisión de Recursos y Energía Medioambiental de la Cámara de Pensilvania, anunció una modificación en su proyecto de Ley de Conservación de Energía de Criptomonedas (Cryptocurreny Energy Conservation Act). Movido, dice, por presiones de líderes del propio Partido Demócrata, ha eliminado una previsión por la que se prohibía por dos años la minería de criptomonedas para regular el consumo energético en el sector en caso de moratoria, informó el mismo día a The Pennsylvania Capital-Star, un medio local. Dicha prohibición tenía por objeto frenar las aprobaciones de nuevos permisos para llevar a cabo la instalación de la minería de criptomonedas.
El proyecto, en efecto, fue aprobado por un estrecho margen: 13 votos a favor y 12 en contra. Tras su presentación ante la Comisión el 21 de junio, no había visos de avance en su tramitación. A juicio de Vitali, existe una “oposición crónica” por parte de los trabajadores de la construcción contra las políticas medioambientales, sin mencionar –insistió- que estos tienen a los demócratas de su lado. Vitali señala que los sindicatos de trabajadores tuvieron una gran influencia al respecto.
“Francamente, -dice- [los sindicatos] tienen la atención de los demócratas de la Cámara y tienen la capacidad de apartar a los miembros que, de lo contrario, apoyarían una buena política medioambiental”.
Se trata, en cierto modo, de una encrucijada en la que la misma dinámica de la política fuerza a ceder, a hacer concesiones para sacar adelante proyectos. “Aprendí de la manera difícil -continua Vitali- en mis primeros seis meses como presidente de la mayoría que no hay una gran tolerancia para una política medioambiental sólida”.
De ahí que ir contra los sindicatos resultase una medida poco conveniente de cara al mantenimiento de la mayoría demócrata en la Cámara. Era preferible, por tanto, sacrificar la moratoria que sacrificar el proyecto por entero.
En efecto, el pasado julio la empresa minera de criptomonedas Stronghold Digital Mining estableció la sede de sus operaciones en Pensilvania, donde ha adquirido dos centrales eléctricas quemadoras de carbón. La empresa pidió que se le aprobase la quema de neumáticos triturados para surtir hasta el 15% de sus necesidades de energía. El propósito de ello es emplear los residuos en energía para alimentar cientos de rigs de minería de Bitcoin. Es claro, ciertamente, que no se tratan de una propuesta que incita a la oposición de grupos medioambientales.
En reemplazo de la prohibición, se estableció en el proyecto un estudio de impacto sobre las operaciones de minería y otros requisitos de informes: con un plazo de seis meses, los mineros de Pensilvania deben suministrar la información sobre la cantidad de lugares donde la minería opera, su extensión, fuentes de energía e informes de emisión y consumo de energía y agua.
Tales informes deberán ser presentados anualmente por los mineros, mientras que los nuevos mineros deberán presentar el mismo informe con antelación a sus operaciones.
Tomado de: https://es.cointelegraph.com/news/pennsylvania-bill-scraps-crypto-mining-ban
