Avanza la regulación de criptoactivos en Europa.
La octava versión de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC8, por sus siglas en inglés) fue adoptada el pasado 17 de octubre por el Consejo de la Unión Europea. Su entrada en vigor esperará a que sea publicada en el Diario Oficial de la UE.
Adoptada tras la promulgación del MiCA en mayo de este año, el DAC8 conferirá la jurisdicción suficiente a los recaudadores de impuestos para ejercer la supervisión financiera y la evaluación de las transacciones con criptomonedas que emprendan tanto individuos como entidades dentro de cualquier Estado Miembro en el espacio comunitario. En concreto, señala el comunicado de prensa emitido por el Consejo,
Las modificaciones conciernen principalmente a la declaración y al intercambio automatizado de información sobre los ingresos procedentes de las transacciones con criptoactivos y sobre las resoluciones fiscales anticipadas para las personas físicas más ricas (aquellas con un patrimonio neto elevado).
Junto a ello, la Directiva regirá sobre otras categorías de activos e ingresos, como son los criptoactivos.
Hasta ahora -continúa el comunicado- la naturaleza descentralizada de los criptoactivos ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las administraciones tributarias de los Estados miembros. La naturaleza transfronteriza inherente a los criptoactivos requiere una sólida cooperación administrativa internacional para garantizar una recaudación fiscal eficaz.
En efecto, se trata de un pasó de gran valor en la regulación sobre esta materia en consonancia con las exigencias mismas a que el mercado cripto parece conducir. Actualmente, la DAC8 satisface el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés) y la normativa que le concierne a tenor del MiCA, de modo especial, aquella que se centra en las transacciones con criptoactivos dentro la Unión Europea.
En la votación de septiembre que tuvo lugar en el Parlamento Europeo para su adopción, la Directiva en cuestión obtuvo un respaldo arrasador, pues contó con 535 votos a favor y tan solo 57 en contra.
Mientras tanto, en Estados Unidos los reguladores están ejerciendo presión para que puedan aplicarse los procedimientos de recaudación de criptoimpuestos. El pasado 11 de octubre, siete senadores solicitaron al Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos la pronta proposición de una normativa que exija algún requisito de información fiscal a los criptocorredores. Además, los senadores criticaron la demora de dos años en la implementación de los requisitos de información fiscal sobre criptomonedas, que esperan entrar en vigor en 2026 para recaer sobre las transacciones que se efectúen en el 2025.
Referencias:
